La política de deportación de haitianos en situación irregular en República Dominicana ha generado una amplia gama de reacciones, con el gobierno defendiendo su derecho a regular la migración y diversos sectores expresando preocupaciones sobre los derechos humanos y el impacto en las relaciones bilaterales. El presidente Luis Abinader argumenta que el control migratorio es una cuestión de soberanía nacional y que la inmigración irregular afecta los recursos nacionales en sectores clave como la salud, educación y empleo.
Sin embargo, sectores nacionales e internacionales han acusado al país de maltratar a los haitianos indocumentados durante el proceso de repatriación, exigiendo un mayor respeto a los derechos humanos y la justicia. El ministro consejero de la Misión Permanente de República Dominicana ante la OEA, Radhafil Rodríguez, rechazó las críticas y expuso cifras que contextualizan la carga que representa la migración haitiana, indicando que una parte considerable de los servicios de salud y educación se destina a la población haitiana.
La Iglesia Católica en República Dominicana reconoció el derecho del país a regular su migración, pero enfatizó la importancia de aplicar políticas desde la justicia y el respeto a la dignidad humana. Más de 50 grupos feministas también han denunciado el uso excesivo de la fuerza en las deportaciones, alegando violaciones a los derechos humanos y creación de un clima de terror y discriminación.
Diversas organizaciones políticas, como el Partido Patria para Todos y Todas y el Movimiento Caamañista, han condenado las deportaciones por considerarlas arbitrarias y violatorias de la dignidad humana, denunciando que en algunos casos se deporta a migrantes incluso cuando cuentan con documentos legales emitidos por el Estado dominicano. El gobierno haitiano, a través del primer ministro Garry Conille y la ministra de Exteriores Dominique Dupuy, ha condenado las deportaciones masivas y ha criticado el trato hacia los haitianos indocumentados.
En el ámbito internacional, varios países y organismos se han pronunciado en contra de las deportaciones de haitianos en situación irregular en República Dominicana. Durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajadores de Estados Unidos, Canadá, Guyana, Colombia y Panamá pidieron a República Dominicana que respete los derechos de los migrantes y abogaron por el diálogo entre ambos países. El debate sobre estas deportaciones sigue dividiendo a la opinión pública, con algunos sectores defendiendo las medidas como necesarias para proteger los recursos nacionales y otros alertando sobre el riesgo de abusos y las consecuencias sociales y económicas.
Entre el 1 y el 6 de octubre, la Dirección General de Migración de República Dominicana informó que más de 9,000 extranjeros en situación irregular fueron detenidos. La posición de la Conferencia del Episcopado Dominicano destaca el derecho del país a regular su migración, pero subraya la importancia de aplicar políticas desde la justicia y el respeto a la dignidad humana, manteniendo una actitud solidaria hacia Haití y evitando situaciones que puedan llevar al maltrato o la separación familiar.
