La ciudad de Los Ángeles acordó pagar 900.000 dólares a un hispano que sufrió un colapso mental luego de ser interrogado por detectives durante 17 horas. Thomas Pérez Jr. fue detenido por la policía de Fontana después de reportar la desaparición de su padre, quien en realidad había salido a pasear con el perro de la familia y no había regresado. Los investigadores no creyeron la historia de Pérez Jr. y lo presionaron durante el interrogatorio, llegando incluso a decirle que habían encontrado muerto a su padre y que su cuerpo estaba en la morgue. La presión fue tal que, finalmente, Pérez Jr. confesó haber matado a su padre tras una discusión, a pesar de que su padre estaba vivo y fue encontrado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ese mismo día.
A pesar de que el padre de Pérez Jr. estaba vivo y había sido encontrado, las autoridades no le informaron sobre el error y lo trasladaron a un hospital psiquiátrico luego de que intentara suicidarse. Durante su estancia en el hospital, Pérez Jr. se angustió tanto que se arrancó el pelo y la ropa. El abogado Jerry Steering, que representó a Pérez Jr. en la demanda, expresó su shock por la crueldad deliberada de la policía en este caso, mencionando que en sus 40 años de experiencia nunca había visto un nivel tan alto de abuso policial. La ciudad de Los Ángeles acordó pagar 900.000 dólares para resolver la demanda y evitar llevar el caso a juicio.
El abuso policial en este caso fue evidente, ya que los detectives presionaron a Pérez Jr. de manera despiadada, llegando a mentirle sobre la muerte de su padre para forzar una confesión. A pesar de que Pérez Jr. mantuvo su inocencia inicialmente, la presión a la que fue sometido lo llevo a confesar un crimen que no cometió. La confesión falsa tuvo consecuencias devastadoras para la salud mental de Pérez Jr., provocando un colapso que lo llevó a intentar quitarse la vida.
El caso de Thomas Pérez Jr. pone en evidencia la importancia de proteger los derechos de las personas durante los interrogatorios policiales y de garantizar la integridad física y mental de los sospechosos. La crueldad y presión ejercida por los detectives en este caso tuvo consecuencias graves para Pérez Jr., quien sufrió un colapso mental como resultado de la presión a la que fue sometido. La decisión de la ciudad de Los Ángeles de pagar 900.000 dólares para resolver la demanda destaca la gravedad de los abusos policiales en este caso y la necesidad de reformar los procesos de interrogatorio para evitar situaciones similares en el futuro.
Este caso también resalta la importancia de un sistema de justicia equitativo que proteja los derechos y la dignidad de todos los individuos, independientemente de su origen étnico o social. La vulnerabilidad de Pérez Jr. como hispano frente al abuso policial es un recordatorio de las desigualdades que aún persisten en el sistema de justicia. El acuerdo de la ciudad de Los Ángeles de pagar una compensación a Pérez Jr. es un primer paso hacia la reparación de los daños causados, pero también debería servir como un llamado de atención para prevenir futuros abusos policiales y garantizar la justicia y equidad para todos los ciudadanos.
