La Primer Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió variar el arresto domiciliario a dos exfuncionarios imputados en el caso Calamar, considerando que los 18 meses de arresto domiciliario cumplidos son suficientes. Esto significa que el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández, podrán circular libremente, pero no salir del país y tendrán que ir periódicamente al tribunal a firmar el libro de asistencia.
El grupo acusado de defraudar al Estado dominicano con RD$21,000 millones está siendo permitido continuar el proceso penal en su contra estando en libertad, ya que no representan un riesgo de fuga. Este grupo está liderado por los exministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente. También se incluye al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presidido por Danilo Medina.
De los 46 acusados en el expediente, 20 han negociado con el Ministerio Público penas leves a cambio de admitir su culpabilidad y devolver bienes. Esto indica que algunos de los implicados en el caso Calamar están cooperando con las autoridades para llegar a acuerdos que les permitan recibir penas menores a cambio de colaborar en la investigación y devolver lo defraudado al Estado.
La decisión de permitir que los acusados continúen el proceso penal en libertad ha generado controversia en la opinión pública, ya que se considera que podrían existir riesgos de que intenten evadir la justicia. Sin embargo, los jueces han determinado que en este caso específico no hay un peligro de fuga que justifique la prisión preventiva, por lo que se les ha permitido a los imputados circular libremente dentro del país.
Es importante resaltar que los exfuncionarios implicados en este caso han sido parte de gobiernos anteriores y son personas de alto perfil en la política dominicana. El caso Calamar ha generado gran atención en el país debido a la magnitud del fraude y a las implicaciones políticas que podría tener. El hecho de que se estén negociando penas leves con algunos de los acusados sugiere que hay un interés por lograr acuerdos que permitan esclarecer el caso de manera más rápida y eficiente.
En conclusión, la variación del arresto domiciliario a los exfuncionarios en el caso Calamar por considerar que han cumplido suficiente tiempo en esta medida cautelar, así como la negociación de penas leves con algunos de los implicados, son señales de que el caso sigue en desarrollo y que se busca llegar a acuerdos que permitan avanzar en la investigación. La decisión de permitir a los acusados en libertad ha sido controvertida, pero los jueces han justificado su decisión argumentando que no representan un peligro de fuga. La importancia de este caso y las implicaciones políticas que podría tener hacen que sea un tema de interés público en la República Dominicana.
