El Ministerio de Administración Pública ha emitido una resolución en la que establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar asesores en función del número de cargos de alto nivel que tengan. Esta normativa es obligatoria para todas las entidades bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, excluyendo a ciertos asesores designados por la Presidencia, Ministerios de la Presidencia, la Vicepresidencia, Defensa y Relaciones Exteriores. El MAP podrá aprobar excepciones en casos justificados. Además, se solicita la presentación de propuestas de modificación a la estructura de cargos antes del 30 de junio de 2024, para su aprobación.
En el caso de mantener en nómina a asesores por encima de lo establecido, las instituciones deberán reubicarlos en cargos considerados necesarios según la Ley de Función Pública. Aquellos asesores que no sean reubicados deberán ser excluidos de las nóminas antes del 31 de diciembre de 2024, recibiendo los beneficios correspondientes. La DIGEPRES solo validará en el Presupuesto General del Estado para 2025 los cargos de asesores que cumplan con los criterios establecidos. La Contraloría General de la República solo aprobará pagos de asesores a partir del 1 de enero de 2025, si cuentan con la aprobación del MAP y han sido incluidos en el presupuesto.
Estas medidas están en línea con diversas leyes vigentes, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley de la Administración Pública, la ley de Función Pública y la ley de Presupuesto para el Sector Público. Se enmarcan también en el proceso de Reforma y Modernización de la Administración Pública, aprobado recientemente, que busca cumplir con principios de racionalidad y eficiencia en la gestión administrativa del Poder Ejecutivo.
En resumen, la resolución emitida por el Ministerio de Administración Pública establece un límite en la cantidad de asesores que pueden ser designados en las instituciones del Poder Ejecutivo, basado en el número de cargos de alto nivel existentes. Se requiere justificación para excepciones y se solicita la presentación de propuestas de modificación antes de cierta fecha. Aquellos asesores que excedan el límite establecido deberán ser reubicados o excluidos de las nóminas. Las medidas buscan promover la eficiencia y racionalidad en la gestión administrativa, en línea con los principios de diversas leyes vigentes y del proceso de Reforma y Modernización de la Administración Pública.
