El Tercer Juzgado de Instrucción de la provincia de Santiago ha dictado un auto de apertura a juicio y ha confirmado las medidas de coerción contra los miembros de una estructura criminal que falsificaron documentos judiciales para favorecer a acusados de delitos graves. Entre los implicados se encuentra un empleado del Poder Judicial. La jueza encargada del caso resaltó la gravedad de los delitos imputados y señaló que esto representa una amenaza a la seguridad jurídica.
El tribunal admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que incluían documentación, peritajes y material que respaldaban la acusación contra Ariel Antonio Bencosme Reyes, Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vásquez Ventura y Francisco Antonio Vásquez Pichardo. De los acusados, Comprés Rodríguez era vendedor de fianzas judiciales en Santiago y La Vega, mientras que Bencosme Reyes trabajaba como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago.
La fiscal Aida Medrano Gonell detalló ante la jueza las pruebas recopiladas durante la investigación, destacando que los miembros de la estructura criminal falsificaron sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos judiciales para obtener la libertad irregular de acusados de delitos graves. Estas acciones fraudulentas fueron descubiertas cuando intentaban liberar a un acusado de la Operación Discovery mediante medios ilícitos y a cambio de grandes sumas de dinero, quien ya había sido condenado tras acogerse a un proceso penal abreviado.
La Fiscalía de Santiago acusa a los miembros de la red de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y uso de documentos falsos en perjuicio del Estado, lo que constituye una violación a diversos artículos del Código Penal Dominicano. La gravedad de los delitos y el impacto en la seguridad jurídica han llevado al juzgado a confirmar las medidas de coerción contra los implicados y a abrir el juicio correspondiente para determinar su responsabilidad.
La juez Iris Sugelly Borgen Santana resaltó la seriedad de los delitos imputados y la amenaza que representa esta estructura criminal para la seguridad jurídica. Las pruebas presentadas por la Fiscalía respaldan la acusación contra los acusados, quienes habrían llevado a cabo acciones fraudulentas para favorecer a acusados de delitos graves. La apertura del juicio y la ratificación de las medidas de coerción son pasos importantes en el proceso judicial para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que se haga justicia en este caso de corrupción en el sistema judicial.
