El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó prisión preventiva para tres ciudadanos dominicanos y un haitiano acusados de formar parte de una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Punta Cana. Los acusados incluyen al líder de la organización, Domingo Lorenzo Santana, a Reyna Julissa Solano Monción y a Richard de La Cruz Camacho, todos dominicanos, y al haitiano Berlin Erisme. La audiencia para conocer la medida de coerción se llevará a cabo en el Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia el viernes 30 de agosto.
Los arrestos se realizaron en un negocio que operaba como residencia familiar pero en realidad se dedicaba al turismo sexual, siendo la mayoría de clientes turistas. Durante la intervención, se rescataron a 20 víctimas y se encontraron varios clientes en el establecimiento. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional trabajaron en conjunto para desmantelar la red criminal y llevar a los acusados ante la justicia.
Se ha determinado que las víctimas de la red criminal eran mujeres de diversas nacionalidades, incluyendo dominicanas, haitianas, venezolanas y colombianas, que eran explotadas sexualmente y obligadas a pagar sumas entre 200 y 600 dólares por servicios sexuales. La red se encargaba de reclutar a jóvenes adolescentes en diferentes regiones del país para luego trasladarlas a Punta Cana, donde eran explotadas en un establecimiento propiedad de Santana y administrado por Solano Monción.
El Ministerio Público ha recopilado cerca de trescientas pruebas que respaldan la acusación contra los implicados en este caso de trata de personas y explotación sexual. Se les acusa de violar la Ley 137-03, referente a la trata de personas y el proxenetismo, así como de lavado de activos en violación a la Ley 155-17. El desmantelamiento de esta red criminal es parte de los esfuerzos del Ministerio Público para combatir estos delitos y hacer justicia a las víctimas afectadas por la explotación sexual.
La red criminal capturaba a jóvenes adolescentes en varias ciudades de República Dominicana, incluyendo el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y La Romana, para luego explotarlas sexualmente en Punta Cana. Los acusados desempeñaban distintos roles dentro de la organización, según las investigaciones realizadas. Se han encontrado pruebas como documentos, recibos, pagos por servicios sexuales VIP y dinero en efectivo que respaldan las acusaciones en su contra.
La solicitud de prisión preventiva ha sido presentada por el Ministerio Público con base en las pruebas recopiladas y la calificación jurídica de los delitos cometidos por los acusados. La organización criminal ha sido desmantelada y se espera que la justicia actúe de manera efectiva para garantizar que los responsables de estos crímenes enfrenten las consecuencias de sus acciones. El comunicado de prensa destaca el compromiso continuo del Ministerio Público en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual en la República Dominicana.
