En una tercera audiencia celebrada ayer, el Ministerio Público logró la homologación de seis acuerdos "con criterio de oportunidad" en el caso Calamar, después de dos intentos fallidos y más de diez horas de debates. La jueza Altagracia Ramírez declaró inadmisible la solicitud de inclusión en los acuerdos hecha por los querellantes y actores civiles, alegando ser las verdaderas víctimas del fraude con las expropiaciones de terrenos. Los beneficiados con la confirmación de los acuerdos son Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña Pérez, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Belkis Antonia Tejeda, quienes se comprometen a devolver bienes y sumas de dinero obtenidos mediante sobornos, a cambio de que el órgano de persecución estatal desista de cualquier acción penal en su contra.
Estos seis imputados, al igual que otros tres homologados previamente, también se comprometen a declarar en contra de otros integrantes de la red que habría defraudado al Estado Dominicano con unos RD$21,000 millones. Se menciona que dicha red estaba encabezada por los exministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente. La jueza Ramírez decidió exceptuar la orden de decomiso de los acuerdos, señalando que su decisión de homologación no es una sentencia. Los investigados se comprometen a devolver bienes inmuebles y dinero voluntariamente, sin la necesidad de confiscarlos.
Por otro lado, se destaca la decisión del Ministerio de Educación de pagar US$500 a colegios por cada estudiante que no tenga cupo en las escuelas públicas. Esta medida busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación, incluso si las escuelas públicas no cuentan con suficientes espacios. La inversión en la educación es fundamental para el desarrollo del país y para garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes.
En la audiencia, Carlos Balcácer fungió como vocero del grupo de imputados y demás abogados por decisión de Mimilo Jiménez, Crisóstomo y Ureña. Se destaca que los imputados se comprometen a colaborar con la justicia devolviendo los bienes obtenidos ilícitamente y declarando en contra de otros implicados en el caso. La decisión de la jueza de homologar los acuerdos con criterio de oportunidad representa un avance en el proceso legal, permitiendo que los imputados tengan la oportunidad de reparar el daño causado y cooperar con las autoridades para esclarecer los hechos.
En resumen, la homologación de los acuerdos en el caso Calamar representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Los imputados se comprometen a devolver los bienes y sumas de dinero obtenidos de forma ilícita, a cambio de desistir de acciones penales en su contra y colaborar con la justicia. La decisión de la jueza de exceptuar la orden de decomiso y permitir la devolución voluntaria de los bienes es un paso hacia la reparación del daño causado. Además, la medida del Ministerio de Educación de pagar a los colegios por estudiantes sin cupo en las escuelas públicas demuestra el compromiso del gobierno con la educación y el acceso igualitario a la misma.
