La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortíz, informó que el Ministerio Público está disponible para que las partes interesadas verifiquen las pruebas físicas o digitales en el caso Calamar. Se busca evitar que se retrase el inicio del juicio preliminar contra 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa, incluyendo a ex ministros como José Ramón Peralta y Donald Guerrero. En una audiencia, se rechazó la solicitud de un plazo de cuatro meses por parte de la defensa de una imputada para analizar la acusación, considerando que era desproporcionado.
En relación a las familias querellantes que solicitaron incluir a más personas en la acusación, se aclaró que el Ministerio Público es responsable de decidir a quién acusar cuando la acción penal es pública. La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidió aplazar el juicio preliminar debido a la ausencia de una imputada que presentó una licencia médica y a que algunas partes no fueron debidamente notificadas. La nueva fecha de la audiencia se fijó para el 26 de agosto a las 9:00 de la mañana para permitir que todas las partes estén listas para el inicio de la etapa preliminar.
La acusación de la Operación Calamar consta de 3,662 páginas con 46 personas acusadas, 34 físicas y 12 jurídicas. El expediente cuenta con más de 2,000 medios de prueba y el objetivo es que se produzca una apertura a juicio para que se puedan aplicar sanciones a los acusados. Se señala que el grupo involucrado sustrajo más de 19 mil millones de pesos del Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política de 2020. Entre los acusados se encuentran ex ministros y directores de distintas entidades.
La Procuraduría está dispuesta a facilitar el acceso a las pruebas a las partes interesadas en el caso Calamar para evitar retrasos en el juicio preliminar. La jueza del caso decidió aplazar la audiencia debido a la ausencia de una imputada y a partes que no fueron debidamente notificadas. La acusación consta de miles de páginas y medios de prueba, con el propósito de llegar a una apertura a juicio para aplicar sanciones a los implicados en el caso de corrupción.