República Dominicana enfatizó en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que no puede aceptar el llamado de Haití y organismos internacionales para detener las repatriaciones de ilegales haitianos. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, expresó que reducir los operativos de repatriación equivaldría a declarar una frontera abierta, lo que incentivaría una mayor migración irregular, algo que el país no permitirá.
Álvarez señaló que en República Dominicana hay 147 mil estudiantes haitianos en nivel básico y primario, y que un 16% del presupuesto de salud ha sido dedicado a la comunidad haitiana. Sin embargo, afirmó que la crisis en Haití es responsabilidad de ese país. Afirmó que la crisis haitiana ha empeorado por la falta de apoyo oportuno y consistente de la comunidad internacional, y recordó las palabras del presidente Luis Abinader en la ONU en septiembre pasado.
El canciller también mencionó que es inaceptable que los países comprometidos con la solución haitiana no hayan cumplido sus promesas. En este sentido, consideró que, dadas las condiciones actuales en Haití con el atraso en el restablecimiento del orden y la falta de control del territorio, no es creíble que se puedan celebrar elecciones en la fecha programada. República Dominicana intensificó las deportaciones de extranjeros ilegales y anunció que la meta es repatriar a 10 mil haitianos por semana.
Tanto el gobierno haitiano como la organización no gubernamental Amnistía Internacional han exigido detener la política migratoria de República Dominicana, considerándola discriminatoria y racista, y vulnerando los derechos fundamentales de los haitianos. Sin embargo, el gobierno dominicano ha defendido su postura y ha reafirmado que no permitirá una mayor migración irregular en su territorio.
El plan migratorio de República Dominicana ha generado controversias y críticas a nivel internacional, con llamados a detener las deportaciones de haitianos ilegales. El gobierno dominicano ha afirmado que la crisis en Haití es responsabilidad de ese país y que han destinado recursos significativos para apoyar a la comunidad haitiana en su territorio. Sin embargo, la falta de apoyo internacional ha complicado la situación en Haití.
La postura de República Dominicana en relación con las deportaciones de haitianos ilegales sigue generando tensiones con Haití y organismos internacionales. Mientras que el gobierno dominicano defiende su derecho a controlar su frontera y garantizar la seguridad de su territorio, las críticas y demandas de detener las repatriaciones continúan. La situación entre ambos países sigue siendo compleja y es necesario abordarla desde un enfoque de diálogo y cooperación para encontrar soluciones equitativas y respetuosas de los derechos humanos.