El Ministerio Público ha presentado una acusación formal y solicitó un auto de apertura a juicio contra 46 personas por su presunta participación en un entramado que habría desviado más de RD$21,000 millones del Estado, y que fue desmantelado mediante la Operación Calamar. Entre los imputados se encuentran exfuncionarios y empresarios como Rafael Calderón Martínez, exsenador de Azua, así como exministros, exdirectores de entidades estatales y otros funcionarios.
El órgano persecutor atribuye a los acusados haber formado una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado. Esta entidad se encargaba de tramitar procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obteniendo duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúos falsificados, con el fin de excluir herederos y vulnerar sus derechos fundamentales. Además, falsificaron documentos públicos y de otros ejecutivos del Estado para realizar pagos irregulares.
La red de corrupción obligaba a empresarios a ceder parte de sus contratos a los acusados, bajo la amenaza de perder su condición de suplidores del Estado. Utilizaban esquemas empresariales tradicionales para llevar a cabo operaciones de lavado de activos a gran escala, y forzaban a los reclamantes a cederles créditos basados en deudas ficticias como condición para recibir el pago. Crearon la necesidad de obtener fondos utilizando bienes declarados de utilidad pública pero no pagados, y lograron que el Estado erogara fondos mediante maniobras fraudulentas.
La acusación del Ministerio Público sostiene que los acusados formaron una estructura que incluía funcionarios de distintos niveles, técnicos y servidores públicos, quienes se asociaron para estafar al Estado dominicano y beneficiarse personalmente. Estos individuos se comportaban como representantes de la alta diplomacia dentro de las instituciones públicas, facilitando operaciones criminales y buscando beneficios económicos para ellos mismos y terceros. El caso Calamar está sustentado por miles de medios de prueba y se ha fijado una audiencia preliminar para el 17 de junio de este año.
En resumen, el Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra 46 personas por presunta corrupción en un entramado que habría desviado más de RD$21,000 millones del Estado, desmantelado mediante la Operación Calamar. Los imputados incluyen exfuncionarios, empresarios y profesionales en ejercicio privado, quienes se enfrentan a cargos de falsificación de documentos, lavado de activos y estafa al Estado. La acusación describe cómo la red de corrupción obligaba a empresarios a ceder parte de sus contratos, falsificaba documentación para realizar pagos irregulares y creaba la necesidad de fondos usando bienes públicos no pagados. La estructura criminal involucraba a funcionarios de distintos niveles y técnicos en diversas instituciones, quienes se asociaban para estafar al Estado y enriquecerse personalmente. La audiencia preliminar del caso está programada para el 17 de junio.
