El Ministerio Público llegó a un acuerdo con otros nueve imputados en el caso Medusa, quienes acordaron devolver dinero en efectivo y bienes al Estado. Entre los imputados se encuentran Cesarión Morel Grullón, Hilda Cristina Jackson, Felipe Armando de Castro, Gisselle del Carmen Molano Frías y Rossanna Vianela Pimentel. Se solicitó un penal abreviado para uno de los imputados y un criterio de oportunidad para los otros cuatro. El juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá el caso y dará a conocer su decisión el 5 de julio.
Asimismo, se negociaron acuerdos con las empresas Ropalma S. R. L., Sean Hudson Dwigginn, Smart Logísticos S. E. L, y Constructora Morel Grullón & Asociados S. R. L. Este acuerdo eleva a 35 el número total de imputados que han negociado con el Ministerio Público en este caso de corrupción. Anteriormente, otros acusados admitieron su culpabilidad y acordaron colaborar con el proceso, sumándose a los acuerdos establecidos.
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 25 de julio el conocimiento de una solicitud de homologación sobre la aplicación de un criterio de oportunidad para cinco "delatores claves" en el caso Calamar. Estos delatores colaborarán con la acusación. La solicitud de homologación fue solicitada por la dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para varios implicados en el caso.
El ministerio público pidió al tribunal que declare el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes entregados por cada imputado de manera voluntaria, así como la indemnización reconocida en favor del Estado. El juicio preliminar en contra de los ex ministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y los demás implicados en el caso Calamar está pautado para el 17 de junio. En este caso, se espera un avance significativo en el proceso judicial y en la lucha contra la corrupción en el país.
En el caso Medusa, se continúan realizando acuerdos y negociaciones con los imputados para que devuelvan el dinero y los bienes adquiridos de manera ilícita al Estado. La Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. Los acuerdos alcanzados hasta el momento muestran un avance en el proceso judicial y en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
Es fundamental que se sigan realizando investigaciones y juicios en casos de corrupción para combatir este flagelo que afecta a la sociedad y debilita las instituciones. La colaboración de los imputados en devolver el dinero y los bienes adquiridos de forma irregular es un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Con la participación de todos los actores involucrados, se espera que se logre un avance significativo en la justicia y en la lucha contra la corrupción en el país.