Con pocas definiciones concretas, la falta de modificación de la legislación laboral ha generado un conflicto entre empleadores y trabajadores. Existen demandas de reformas que impulsen la participación plena y mayores beneficios para los trabajadores, así como adaptaciones al mercado laboral y a los procesos productivos, incluyendo la Seguridad Social.
Uno de los puntos de conflicto es el pago de cesantía por parte del empleador al despedir a un trabajador. Mientras los representantes sindicales defienden este derecho, los líderes empresariales sugieren reemplazarlo por un seguro de desempleo. La creación del sistema pensionista también ha aumentado los costos laborales para los empleadores, lo que dificulta la creación de nuevas ocupaciones remuneradas.
Las inflexibilidades en el Código Laboral mantienen a numerosas micro, pequeñas y medianas empresas en la informalidad, generando el 54.4% de la población ocupada y aportando el 38.6% del PIB. Estas empresas no son reconocidas como sujetos del derecho y enfrentan barreras para su reconocimiento. Se necesita una reforma fiscal que permita salir de la informalidad a parte del sector laboral.
El exvicepresidente Rafael Alburquerque ha señalado las contradicciones en torno a la cesantía como uno de los principales obstáculos para llegar a acuerdos. El Gobierno aboga por la creación de un "Instituto de Bienestar de los Trabajadores" y fortalecer al Ministerio de Trabajo para reducir la judicialización de las relaciones laborales. Sin embargo, las negociaciones han avanzado solo en un 87% del contenido del proyecto reformador.
El debate sobre la cesantía ha generado un empantanamiento en las negociaciones, con sindicatos y empresarios en desacuerdo sobre su eliminación o limitación. La exministra de Trabajo Maritza Hernández critica el respaldo del Gobierno a los empresarios en este tema, considerando que se busca despojar a los trabajadores de una indemnización vital. La OIT también ha alertado sobre la insuficiencia de las pensiones en República Dominicana.
Los trabajadores de micros, pequeñas y medianas empresas enfrentan condiciones precarias debido a su informalidad, lo que afecta su estabilidad laboral y sus ingresos. Se necesita una reforma fiscal y una actualización del Código Laboral para brindar protección a estos trabajadores. Además, se requiere un marco normativo adecuado y políticas de salud y seguridad en el trabajo para mejorar las condiciones laborales en el país.