El Ministerio de Defensa (MIDE), representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa de investigación e inteligencia privada, Aurix S. A. S, de José Ángel ‘Jochi’ Gómez Canaán, hicieron un acuerdo secreto en junio de 2020. Según el Ministerio Público, este acuerdo tenía malas intenciones y formaba parte de un comportamiento reiterado del empresario para interferir en actividades de seguridad nacional. Se desconoce el monto del acuerdo, que duraría 12 meses, pero se cree que se desviaron más de 1,300 millones de pesos del erario público.
Este acuerdo ilegal violaba disposiciones constitucionales y legales al otorgar facultades propias de instituciones de inteligencia a una empresa privada. Se alega que la empresa realizaba prácticas ilícitas como chantaje y manipulación. Se señala que la empresa usurpaba las atribuciones de la policía al instalar equipos de videovigilancia ilegalmente, utilizando incluso los logotipos de la Policía Nacional. Además, se reporta que la empresa hizo uso de instituciones como el Ministerio Público, la DNCD, y otros organismos de investigación sin contar con un acuerdo formal.
A pesar de no participar como gerente, José Ángel Gómez Canaán es beneficiario final de Aurix S. A. S y posee participación accionaria a través de varias empresas, como Dekolor, OML Inversiones SRL y Aquanil Advisor. El empresario se encuentra detenido a la espera de la continuación del proceso de solicitud de medida de coerción, en el que se pide prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Por otro lado, Rubén Darío Paulino Sem será interrogado por los fiscales en relación a este caso.
Se espera que el martes 8 de octubre se continúe con el proceso de solicitud de medida de coerción para el empresario José Ángel Gómez Canaán, mientras que Rubén Darío Paulino Sem será interrogado por los fiscales el lunes. En el acuerdo ilegal entre el MIDE y Aurix S. A. S, se violaron disposiciones legales y constitucionales al dar poderes propios de instituciones de inteligencia a una empresa privada. Se alega que la empresa realizaba actividades ilícitas como chantaje y manipulación, y se reporta que usurpaba las atribuciones de la policía al instalar equipos de videovigilancia ilegalmente, utilizando incluso los logotipos de la Policía Nacional.
Se señala que la empresa realizaba prácticas ilegales como chantaje y manipulación. También se le acusa de usurpar las atribuciones de la policía al instalar equipos de videovigilancia ilegalmente. Además, se reporta que hicieron uso de instituciones como el Ministerio Público, la DNCD y otros organismos de investigación sin contar con un acuerdo formal. A pesar de no participar como gerente, José Ángel Gómez Canaán es beneficiario final de Aurix S. A. S y posee participación accionaria a través de varias empresas.
