La Operación Camaleón ha revelado una serie de cargos contra siete involucrados en presuntos actos de corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Entre los acusados se encuentran Hugo Beras Goico, ex director del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. Los cargos van desde asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, hasta actos de terrorismo.
En la orden de arresto 2024-AJ0020784, se acusa a Hugo Beras Goico de ser el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia”. Se le señala por dirigir y autorizar la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin capacidades técnicas requeridas, así como facilitar la participación de empresas que desviaron recursos del Estado. Por otro lado, Frank Rafael Atilano Díaz Warden habría participado en la adjudicación irregular de contratos y en decisiones que beneficiaron a los imputados. Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda es acusado de facilitar el control de sistemas a una empresa que no cumplía con los requisitos legales, adaptando evaluaciones para favorecerla.
Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S., es señalado como el principal beneficiario económico del esquema corrupto, controlando fraudulentamente sistemas semafóricos y de vigilancia, movilizando fondos ilegales y realizando lavado de activos. Se le vincula también con ser responsable del sabotaje a la red semafórica en el gran Santo Domingo. Pedro Vinicio Padovani Báez, presunto socio de Gómez, habría colaborado en las actividades fraudulentas de una empresa implicada y en esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica. Por su parte, Carlos José Peguero Vargas es señalado como responsable de movilizar fondos desviados y colaborar en la estructura financiera ilícita de la organización.
Los siete acusados enfrentan cargos por proscripción de la corrupción, coalición de funcionarios, uso de documento privado, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado dominicano, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, actos de terrorismo, contrabando, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Todos fueron detenidos luego de varios allanamientos en el Distrito Nacional, principalmente en la residencia de Hugo Beras y en la empresa Aurix. La Operación Camaleón continúa investigando estos presuntos actos de corrupción y sus implicaciones en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
