La polémica reforma judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado controversia debido a que tanto la oposición como algunos trabajadores del poder judicial consideran que representa un riesgo para la democracia. Este proyecto propone que jueces y magistrados, incluso de la Corte Suprema, sean elegidos de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual ha generado preocupación sobre la independencia judicial.
Juana Fuentes Velázquez, directora de la asociación nacional de jueces de distrito del poder judicial de México, ha expresado su oposición a la reforma al considerar que amenaza la independencia judicial. A pesar del debate mediático, Velázquez ha mencionado que están considerando impugnar esta reforma, ya que temen que se pueda cuestionar su actuación si son los mismos jueces y magistrados quienes deben evaluarla, o en su defecto, la Suprema Corte de Justicia.
El presidente López Obrador impulsó la reforma judicial tras denunciar que los jueces del máximo tribunal eran aliados de la oposición y recibían sueldos por encima de lo legal. Sin embargo, Velázquez ha calificado estas acusaciones como infundadas y ha cuestionado la capacidad del proyecto judicial para combatir la corrupción y la influencia de las bandas criminales. Según la jueza, la corrupción no se origina en el Poder Judicial federal, sino en los poderes locales y las fiscalías.
A pesar de reconocer la necesidad de una reforma integral en el sistema judicial de México para abordar problemas como la lentitud y la falta de acceso a la justicia para la ciudadanía, Velázquez ha señalado que la solución no radica en desplazar a los jueces y magistrados federales. La relatora de la ONU también ha emitido un requerimiento al presidente de México para abordar los compromisos internacionales en materia de justicia, destacando la importancia de encontrar soluciones sin afectar la independencia judicial.
La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, ha expresado preocupación por la reforma judicial en México, temiendo que pueda poner en riesgo la democracia en el país y afectar las relaciones comerciales. Estas críticas se suman a las voces nacionales que han cuestionado la legalidad y conveniencia del proyecto impulsado por López Obrador. A medida que la controversia continúa, queda en duda el impacto que esta reforma judicial tendrá en el sistema de justicia y en la democracia mexicana.
