Los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, como Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, han condenado la reciente decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar de la nacionalidad y derechos ciudadanos a 135 presos políticos. Esta medida, que también incluye la confiscación de bienes, afecta a los disidentes que fueron liberados y trasladados a Guatemala el pasado 5 de septiembre. La Alianza considera esta acción como una violación flagrante de los derechos humanos y específicamente del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y no debe ser privada de ella arbitrariamente.
Los países firmantes de la declaración conjunta instan al gobierno nicaragüense a restablecer los derechos de sus ciudadanos y a garantizar el respeto de los principios fundamentales de justicia y derechos humanos. Es importante destacar que la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la situación de los presos políticos en Nicaragua, así como por las constantes violaciones a los derechos humanos en el país. Las acciones tomadas por el Gobierno de Nicaragua han sido ampliamente criticadas y se han hecho llamados a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.
La decisión de despojar de la nacionalidad a los presos políticos liberados ha generado una ola de indignación en los países de la región, que han manifestado su solidaridad con los afectados y han exigido al gobierno nicaragüense que rectifique esta medida. La confiscación de bienes y la privación de derechos ciudadanos son consideradas como represalias por parte del Gobierno de Nicaragua en contra de los disidentes y como una violación a los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.
La preocupación de la Alianza para el Desarrollo en Democracia se suma a la de otros organismos internacionales que han condenado las acciones del Gobierno de Nicaragua en contra de los presos políticos y de los derechos humanos en general. Se espera que las presiones internacionales puedan contribuir a que el gobierno nicaragüense reconsidere su decisión y restablezca los derechos de los ciudadanos afectados. Es necesario que se garantice un trato justo y respetuoso para todos los ciudadanos, sin importar su posición política.
La situación en Nicaragua sigue generando preocupación a nivel internacional debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y a la falta de respeto a los principios democráticos. Los países de la región y la comunidad internacional han manifestado su rechazo a las medidas tomadas por el Gobierno de Nicaragua y han exigido que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los presos políticos. Es importante que se continúe ejerciendo presión sobre el gobierno nicaragüense para que rectifique su postura y garantice el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.