Las discusiones sobre el tamaño óptimo del sector público han sido un tema fundamental en el pensamiento económico y financiero. Desde la perspectiva de quienes abogan por un Estado mínimo hasta aquellos que apoyan una mayor intervención estatal para corregir las distorsiones del mercado, ha habido un amplio espectro de opiniones. A lo largo de la historia, se ha observado la preeminencia de sistemas mixtos en los que el Estado interviene para proporcionar bienes y servicios públicos, mientras que el sector privado se encarga de las actividades comerciales con fines de lucro.
En medio de discusiones sobre una posible reforma fiscal en la República Dominicana, surge la pregunta sobre el tamaño del sector público en el país. Para responder a esta interrogante, es necesario analizar diversos indicadores que permiten medir la intervención del Estado en la economía. Entre estos indicadores se encuentran el tamaño del presupuesto en relación al Producto Interno Bruto (PIB), los gastos corrientes y de inversión, los ingresos fiscales y tributarios, la deuda pública, el número de funcionarios públicos, entre otros.
En el caso de la República Dominicana, el análisis se centra en el tamaño del sector público a través del indicador del tamaño presupuestario. A pesar de que algunos argumentan que el Estado dominicano es pequeño en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, los datos muestran que su participación en la economía no es excesiva. En el Presupuesto General del Estado para el año 2024, se observa que el tamaño del sector público dominicano es equivalente al 29.4% del PIB, incluyendo diferentes subsectores, áreas y subáreas.
En cuanto al presupuesto, se destaca que aunque en República Dominicana se aprueba un Presupuesto General del Estado consolidado, la discusión y ejecución se concentran en el Gobierno central. Se señala que el tamaño del sector público dominicano, considerando el presupuesto del Gobierno central, es del 20.7% del PIB, lo que sugiere que no es tan pequeño como se piensa comúnmente. En comparación con otros países de la región, la brecha en el gasto y los ingresos fiscales no es significativamente amplia.
Las funciones y atribuciones que deben ser desempeñadas por el Estado son aceptadas por la mayoría, ya que es responsable de regular las actividades económicas y proveer bienes y servicios públicos que no son atendidos por el sector privado. La intervención estatal también se justifica en la regulación, fiscalización e incentivo de actividades privadas que impactan en el bienestar general de la sociedad. Es importante que estas funciones se realicen con eficacia, eficiencia y transparencia para lograr un Estado más efectivo y eficiente en su actuación.
