El caso Camaleón involucra al exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez-Canaán, entre otros acusados. La audiencia para determinar la medida de coerción en su contra se reanudará este jueves a las 3:00 p. m. Los imputados enfrentan cargos relacionados con delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, así como estafa contra el estado a través de contrataciones públicas realizadas por el Intrant con empresas como Transcore Latam.
El Ministerio Público también ha acusado a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas. Todos estos implicados enfrentan graves cargos en el caso y el proceso judicial está en curso.
Este caso destaca por los presuntos delitos de alta tecnología involucrados, así como por la existencia de lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, y estafa contra el estado a través de contratos públicos. Las contrataciones realizadas por el Intrant con empresas como Transcore Latam han sido objeto de investigaciones que llevaron a la acusación de varios funcionarios y empresarios. Se espera que la audiencia de medida de coerción continúe revelando detalles sobre las presuntas irregularidades en este caso.
La reanudación de la audiencia para la medida de coerción en el caso Camaleón permitirá a las autoridades judiciales analizar la evidencia presentada por el Ministerio Público y las defensas de los imputados. Se espera que se aclaren aspectos clave relacionados con los delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, así como la estafa contra el estado en el contexto de las contrataciones públicas realizadas por el Intrant. La acusación de varios funcionarios y empresarios destaca la gravedad de las presuntas irregularidades en este caso.
El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha tomado medidas para garantizar un proceso judicial justo y transparente en el caso Camaleón. La reanudación de la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción indica el compromiso de las autoridades judiciales con la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso. Los imputados tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y defensas, mientras que el Ministerio Público continuará exponiendo la evidencia que respalda las acusaciones en su contra. Se espera que el proceso judicial avance de manera efectiva para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.
