Tras la salida de Trujillo en 1961, surgió una clase media en República Dominicana y un nuevo modelo de salud se implementó para satisfacer las necesidades no cubiertas por el sistema de seguro social. Las empresas y trabajadores comenzaron a realizar dobles contribuciones para acceder a la atención médica, lo que ocasionó una inequidad en el acceso a la salud. El sector privado se convirtió en el principal proveedor de servicios, con un crecimiento de las igualas médicas, entidades privadas gestionadas de forma descentralizada y financiadas de manera voluntaria por los clientes. Durante la segunda mitad del siglo XX, la salud pública no era prioridad gubernamental y operaba con precariedad, brindando servicios de baja calidad concentrados en la capital y careciendo de recursos.
En los años 90, se iniciaron esfuerzos para solucionar los problemas del sistema de salud en República Dominicana, impulsados por organismos internacionales. Se definieron propuestas para transformar el sector de la salud, inspiradas en documentos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con enfoque en la responsabilidad individual en la salud y la participación subsidiaria del Estado en el aseguramiento. Se promovió la Cobertura Universal de la Salud y la separación de funciones en el sistema de salud, siguiendo un modelo centrado en la atención médica individual y la intervención gubernamental en seguridad sanitaria y salud colectiva. Estas reformas se basaron en la teoría de pluralismo estructurado, buscando crear un mercado de salud competitivo.
En República Dominicana, a partir del año 2001, se estableció un nuevo marco legal para el sistema de salud, con la Ley General de Salud y la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Este sistema complejo involucra instituciones de naturaleza pública, privada y sin fines de lucro, especializadas en funciones específicas como rectoría, aseguramiento, financiamiento y provisión de servicios. Se buscaba definir un nuevo modelo de organización para garantizar la cobertura universal de la salud, tomando como referencia el exitoso caso de la ley 100 colombiana (1993) en las reformas de sistemas de salud en la región.
La propuesta de separar las funciones del sistema de salud en República Dominicana tenía como objetivo crear un mercado de salud competitivo, basado en el modelo de seguro privado y centrado en la atención médica individual. Se buscaba garantizar la cobertura universal de la salud a través de un sistema de aseguramiento con inscripción competitiva en planes de salud. Las reformas se basaron en la teoría de pluralismo estructurado, que propuso la separación de funciones en Modulación, Financiación, Articulación y Prestación de Servicios, con la participación de instituciones públicas y privadas.
En la segunda mitad del siglo XX, la salud pública en República Dominicana no era una prioridad gubernamental y operaba con precariedad, brindando servicios de baja calidad concentrados en la capital y careciendo de recursos. La crisis en el sistema de salud dominicano llevó a la implementación de reformas impulsadas por organismos internacionales en los años 90, con enfoque en la separación de funciones en el sistema de salud, la promoción de la Cobertura Universal de la Salud y la participación subsidiaria del Estado en el aseguramiento. A partir del año 2001, se estableció un nuevo marco legal para el sistema de salud dominicano, con la Ley General de Salud y la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar la cobertura universal de la salud a través de un nuevo modelo de organización.
