Este martes, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia en el caso de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte. Se destacaron varias acusaciones que lograron ser comprobadas durante el proceso judicial, incluyendo el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados, que se asemejaba al de organizaciones criminales dedicadas a delitos de los que Pilarte fue acusada. Según la magistrada Nancy Salcedo, integrante del tribunal, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar valores de actividades ilícitas mediante la adquisición y venta de bienes inmuebles.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia encontró culpable a la diputada del PRM, condenándola a cinco años de prisión y al pago de una multa. La sentencia se cumplirá en la cárcel de Rafey-Mujeres. Los jueces destacaron que, tras analizar las pruebas presentadas, encontraron indicios que demostraban el comportamiento financiero de Pilarte y sus allegados, coincidiendo con el modus operandi de organizaciones criminales dedicadas a delitos como el lavado de activos. Se mencionó que la acusada adquirió productos bancarios para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, sabiendo que su origen era ilícito.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la diputada era parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos. Se comprobó que la red colocaba sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas económicas para diversificar el producto proveniente del narcotráfico. Se estableció que Pilarte participaba en la red junto a su esposo Miguel Arturo López Florencio. Se demostró que la diputada colocó en el sistema financiero más de 4,400 millones de pesos a través de depositos en efectivo, que no podía justificar con base en sus ingresos lícitos como odontóloga. También se la acusó de utilizar testaferros, como su hermana y su cuñado, para ocultar bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
La acusación sostenía que Pilarte tenía pleno conocimiento de adquirir productos bancarios para desarrollar un circuito de lavado de activos, con el fin de ocultar el verdadero origen de los fondos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Se mencionó que la legisladora también utilizó a su hermana y cuñado como testaferros para adquirir inmuebles y traspasarlos a nombre de una razón social. La sentencia destacó que se pudo establecer un nexo lógico entre los indicios que demostraban el origen ilícito de los bienes poseídos y la actividad de lavado de activos, cumpliendo así con los requisitos del tipo penal de lavado de activos en este caso particular.
La Segunda Sala Penal enfatizó que, a partir de las pruebas presentadas, se determinó la culpabilidad de la diputada en el delito de lavado de activos. Se destacaron los indicios relacionados con el comportamiento financiero de Pilarte y su entorno familiar, así como el origen de los valores movilizados a través de productos bancarios. Se concluyó que la acusada adquirió productos bancarios para colocar valores ilícitos en el sistema financiero nacional, mediante transacciones en efectivo. La sentencia resalta la importancia de establecer un nexo lógico entre los indicios de origen ilícito de los bienes y la actividad de lavado de activos, lo que permitió llegar a la conclusión de la culpabilidad de la diputada en este caso.
