La jueza de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito Ramírez, informó que entre 2018 y 2022 se dictaron al menos 350 órdenes de prisión preventiva por posesión simple de drogas. Se está trabajando en una guía general de sentencias en casos relacionados con drogas para unificar criterios al imponer penas y descongestionar los tribunales. En el acto de presentación del Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2023 realizado por la Oficina Nacional de Defensa Pública, la jueza habló sobre la implementación de un programa en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, destinado a casos de delitos simples relacionados con drogas que requieren intervención médica y multidisciplinaria.
Garabito Ramírez explicó que la guía de sentencias busca establecer reglas para la imposición de penas en los tribunales y cortes, con el objetivo de hacerlas más justas y predecibles. El programa se basa en un esquema de alternativas en todo el proceso penal, permitiendo agilizar o eliminar pasos, como el juicio abreviado y los métodos de resolución de conflictos no adversariales. Además, se mencionó que se ha abordado el problema de las notificaciones de audiencias, que anteriormente representaba un desafío para el sistema judicial, con el objetivo de realizar el 50% de las notificaciones de manera digital para reducir un 70% de los aplazamientos debido a irregularidades en las notificaciones.
En el marco de la presentación del informe, se destacó la importancia de contar con un programa que brinde atención especializada a personas involucradas en delitos simples relacionados con drogas y sustancias, con la supervisión judicial correspondiente. La implementación de esta guía de sentencias se plantea como una herramienta efectiva para garantizar la uniformidad en la imposición de penas y contribuir a la agilización de los procesos judiciales. El enfoque en la resolución de conflictos de manera no adversarial se presenta como una alternativa para acelerar el proceso y evitar el congestionamiento de los tribunales.
Además, se resaltó la importancia de abordar el problema de las notificaciones de audiencias, que antes representaban un desafío para el sistema judicial. La implementación de notificaciones digitales se plantea como una solución para reducir los aplazamientos debidos a irregularidades en las notificaciones, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y mejorar la eficiencia del sistema. La jueza María Garabito Ramírez destacó la importancia de este enfoque en la modernización y optimización de los procedimientos judiciales para garantizar un sistema más ágil y efectivo en la administración de justicia.