Las investigaciones realizadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señalan que en la denominada Operación Camaleón se llevaron a cabo varias «maniobras fraudulentas» durante el proceso de licitación pública nacional con el fin de favorecer a la empresa Transcore Latam S.R.L. con el contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la instalación de la red de semáforos en Santo Domingo. Entre ellas se incluye una modificación al Plan Operativo Anual del INTRANT que impactó el monto del proyecto y el presupuesto de la institución, ejecutada por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
El Ministerio Público establece que se diseñó un pliego de condiciones manipulado para aparentemente modernizar, ampliar, supervisar y gestionar el sistema de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, basado en el objeto social de la empresa Transcore Latam S.R.L. Además, se utilizó documentación falsa para favorecer a la empresa creada por los imputados. Estas maniobras fraudulentas fueron llevadas a cabo por Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann y otros implicados.
En enero de 2023, se solicitó la contratación del servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo sin contar con información técnica ni financiera que transparentara el costo del proyecto. El proyecto tuvo su origen en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y se realizaron maniobras para asegurar la adjudicación a la empresa Transcore Latam S.R.L., evitando descalificar a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien sería designado como jefe de los peritos que harían las evaluaciones técnicas en el proceso de licitación pública nacional.
El grupo de imputados en la Operación Camaleón es acusado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Se cuenta con evidencia del contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como el sabotaje en contra de la red semafórica en agosto del mismo año.
Los imputados en Operación Camaleón están siendo investigados por conductas que van en contra de la Constitución de la República Dominicana y el Código Penal Dominicano, como proscripción de la corrupción, uso de documento privado, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, crímenes y delitos contra la nación, actos de terrorismo, contrabando, lavado de activos, entre otros. Todos estos delitos son en perjuicio del Estado dominicano y están siendo diligenciados por las autoridades correspondientes para llevar a los implicados ante la justicia.
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