La jueza Fátima Veloz Suárez, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió posponer la culminación de la audiencia de medida de coerción contra siete imputados de la red de corrupción en la Operación Camaleón. La Procuraduría había solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. Entre los implicados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canaán, propietario de empresas relacionadas con el caso.
La audiencia contra el grupo de imputados quedó suspendida a medianoche, incluyendo a exmiembros del Intrant y otros individuos implicados en la red de corrupción. Dos de los implicados, Jochy Gómez y Peguero Vargas, se encuentran en proceso de presentar su defensa en la audiencia de hoy. El Ministerio Público debe presentar su réplica antes de que se tome una decisión final sobre las medidas de coerción.
Después de la audiencia, la procuradora Mirna Ortiz y el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, reiteraron su solicitud de prisión para los acusados. Argumentaron que han presentado más de 200 pruebas para demostrar la responsabilidad penal de los implicados en la red criminal. Se les acusa de lavado de activos, falsificación de documentos y otras actividades ilícitas relacionadas con contratos otorgados por el Intrant.
La PEPCA también ha implicado a empresas como Aurix e INPROSOL S.R.L en el caso de lavado de activos en beneficio de Transcore Latam. Este es uno de los puntos clave en la investigación, ya que se señala que las empresas mencionadas habrían participado en operaciones financieras fraudulentas en beneficio de la red de corrupción. La complejidad del caso ha llevado a la solicitud de medidas de coerción más severas por parte de la Procuraduría.
La Operación Camaleón ha destacado la magnitud de la corrupción y la estafa en el Estado dominicano, involucrando a altos funcionarios y empresarios en actividades ilícitas. La petición de prisión preventiva para los acusados refleja la seriedad con la que se está tratando este caso por parte de las autoridades correspondientes. El desarrollo de la audiencia de medida de coerción y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público son pasos clave en el proceso legal.
El caso de corrupción y estafa en la Operación Camaleón ha generado un gran interés público en República Dominicana, ya que involucra a figuras prominentes en el ámbito político y empresarial. La culminación de la audiencia de medida de coerción será crucial para determinar las acciones legales a seguir y demostrar la transparencia y diligencia en la lucha contra la corrupción en el país. La justicia y la resolución de este caso serán fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y promover la rendición de cuentas en la sociedad dominicana.
