La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron una acusación contra Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa White Castle Real State SRL, una estructura dedicada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos en La Vega. Castillo fue arrestado el 20 de enero de 2024 después de que se encontraran mercancías ilícitas en su posesión durante un allanamiento en La Vega. El allanamiento resultó en la incautación de mercancías ilegales, dinero en efectivo, armas de fuego y joyas de alto valor.
La investigación financiera realizada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reveló que Castillo movió más de RD$630 millones en el sistema financiero entre 2022 y 2024, a pesar de que en sus cuentas solo tenía registros de tres mil pesos. Además, se descubrió que utilizaba a su madre como prestanombre en una empresa ficticia llamada White Castle Real Estate SRL. Se practicaron cinco incautaciones la semana pasada, incluyendo una vivienda de tres niveles y un drink-colmado, con un valor total de unos veinticinco millones de pesos.
Los acusados están siendo procesados por violar varias leyes dominicanas, incluyendo la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la ley 17-19 sobre tráfico ilícito de mercancías, la ley 168-21 sobre contrabando en la República Dominicana, la ley 11-92 sobre régimen tributario y la ley 183-02 sobre monetaria y financiera. La magistrada Ramona Nova Cabrera, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Aura Luz García de La Vega señalaron que la acusación representa un compromiso firme contra la criminalidad organizada y cuenta con pruebas suficientes para lograr una sanción ejemplar.
La investigación estuvo a cargo del procurador fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La acusación resalta la lucha contra el lavado de activos, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías en La Vega, y muestra el trabajo conjunto de las autoridades para combatir la criminalidad organizada en la República Dominicana. Se espera que este caso siente un precedente y contribuya a la disuasión de actividades ilícitas en el país.