Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en República Dominicana se ven enfrentados a agendas importantes que incluyen reformas institucionales y constitucionales, así como la reducción de la dimensión de uno de ellos en su vertiente de diputados. Estas reformas se plantean en un contexto de intranquilidad por las complicaciones cercanas y lejanas que pueden influir negativamente en el país, como el claroscuro del mundo exterior y las metas incumplidas localmente.
A pesar de estos desafíos, República Dominicana destaca por su estabilidad política y económica en la región, liderando un crecimiento del 5.2% anual. Sin embargo, el panorama global no es favorable para nadie, con problemas como el conflicto en Venezuela, las tensiones en Ucrania y en la franja de Gaza. A pesar de esto, el país sigue mostrando un desempeño positivo en términos económicos y políticos.
El presidente Luis Abinader ha destacado logros como el manejo de la pandemia de COVID-19 y el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 12.4% en 2021. A pesar de esto, se ha señalado la necesidad de reducir el ritmo de endeudamiento del país, una preocupación compartida por analistas y observadores independientes. La oposición ha argumentado que la deuda del Gobierno está distanciada de los niveles recomendados por organismos oficiales, planteando una agenda legislativa enfocada en reducir gastos y la burocracia.
La oposición en el ámbito legislativo se opone a comenzar reformas a través de un nuevo texto constitucional, abogando por priorizar otras reformas y leyes trascendentales pendientes. Se destaca la necesidad de una reestructuración del sistema tributario, reformas al Código de Trabajo y de la Seguridad Social, así como resolver el problema de las pérdidas en el sector eléctrico. A pesar de las recomendaciones, el Gobierno ha mostrado reticencia a enfocarse en la fiscalidad y otras reformas fundamentales.
En el ámbito judicial, se han presentado preocupantes señales, como la absolución de los dos únicos inculpados restantes en el caso Odebrecht por la Suprema Corte. Esto genera dudas sobre la integridad de otros procesos anticorrupción. Además, el caos urbano e interurbano afecta a la capital y a la principal zona hotelera del país, con altas tasas de mortalidad y áreas arrabalizadas que impactan negativamente en la comunidad y la imagen nacional.
En materia educativa, sigue existiendo una deuda social importante en República Dominicana, con bajos niveles de calidad educativa y corrupción endémica. La educación se encuentra en un momento crítico, a pesar de la conquista social del 4% para la educación. Se plantea la necesidad de abordar estos desafíos pendientes para lograr un verdadero desarrollo en el país. En este contexto, el gobierno y la oposición deberán buscar consensos y trabajar juntos para abordar las reformas necesarias y enfrentar los retos actuales y futuros.
