Unos 20 estudiantes del liceo de Barranca, en La Vega, presentaron síntomas de intoxicación después de que se rociara una sustancia química en los predios de la escuela. Los alumnos reportaron dolor de cabeza, mareos y otros malestares, lo que llevó a la dirección del liceo a llamar al 9-1-1 para solicitar asistencia médica. Los afectados fueron trasladados en ambulancia a varios centros de salud en la demarcación de La Vega.
En los últimos meses, se han registrado varios casos de intoxicación en diferentes partes del país. Recientemente, en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, también se han reportado casos de estudiantes afectados por sustancias químicas rociadas en los terrenos de las escuelas. Esto ha generado preocupación en la comunidad educativa y en las autoridades, que buscan identificar a los responsables y tomar medidas para prevenir futuros incidentes.
La situación de intoxicación en el liceo de Barranca ha generado alarma entre los habitantes de La Vega y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los centros educativos frente a este tipo de incidentes. Es importante que se realicen investigaciones a fondo para determinar cómo se produjo la exposición a la sustancia química y quiénes podrían estar detrás de estos actos. La seguridad de los estudiantes y del personal docente es una prioridad y se deben tomar medidas preventivas para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.
La reacción inmediata de la dirección del liceo al llamar al 9-1-1 y trasladar a los estudiantes afectados a centros de salud demuestra la importancia de contar con un plan de emergencia en caso de situaciones de este tipo. La pronta atención médica puede marcar la diferencia en la evolución de los síntomas y en la recuperación de los afectados. Es necesario que se refuercen los protocolos de seguridad en los centros educativos para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad escolar.
Las autoridades locales deben investigar a fondo este incidente y colaborar con las autoridades competentes para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La comunidad educativa y la sociedad en general deben estar alerta ante cualquier situación sospechosa y denunciar cualquier acto que ponga en peligro la integridad de los estudiantes. Es fundamental promover una cultura de prevención y seguridad en los centros educativos para garantizar un ambiente saludable y propicio para el aprendizaje.