El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó sobre la detención de dos ciudadanos españoles, tres estadounidenses y un checo, acusados de planear actos terroristas, incluido el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Según Cabello, se incautaron más de 400 armas provenientes de Estados Unidos, y algunos de los detenidos planeaban traer mercenarios a Venezuela para llevar a cabo los ataques. Se mencionó la supuesta conexión de los españoles con el Centro Nacional de Inteligencia de España.
Los ciudadanos españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, y en sus teléfonos se encontró información sobre sus contactos con una dirigente de Vente Venezuela, a quien consultaban sobre la compra de explosivos y la contratación de grupos para tareas especiales. Se señaló a Iván Simonovis, excomisario de la Policía de Caracas, como responsable del tráfico de armas y con supuestos vínculos directos con dirigentes de la oposición venezolana, incluyendo a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Cabello acusó al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de esta operación y de permitir el tráfico de armas en su territorio con el objetivo de derrocar al Gobierno democrático de Venezuela, elegido en las elecciones presidenciales de julio. Destacó que Venezuela ha estado constantemente bajo asedio por parte del imperialismo y sus aliados, y que el Estado venezolano ha tomado medidas para defenderse de estas amenazas. Recordó que Maduro fue proclamado ganador de las elecciones por el CNE, un resultado rechazado por la oposición y la comunidad internacional.
Las declaraciones de Cabello generaron tensiones diplomáticas con España, Estados Unidos y la República Checa, quienes han pedido pruebas concretas sobre las acusaciones de terrorismo. El ministro enfatizó la necesidad de investigar a fondo esta operación y de exigir responsabilidades a los países involucrados en el presunto plan para derrocar al Gobierno venezolano. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación en Venezuela y ha pedido diálogo para encontrar una solución pacífica a la crisis política en el país sudamericano.
El Gobierno de España ha negado cualquier tipo de implicación en actividades terroristas en Venezuela y ha pedido a las autoridades venezolanas que presenten pruebas concretas sobre las acusaciones contra los ciudadanos españoles detenidos. Estados Unidos también ha rechazado las afirmaciones de Cabello y ha instado a una investigación imparcial para esclarecer los hechos. La República Checa ha manifestado su preocupación por la detención de uno de sus ciudadanos y ha solicitado información sobre su situación legal en Venezuela. La escalada de tensiones entre los países involucrados ha puesto en riesgo las relaciones diplomáticas en la región.
