La comisión especial de diputados anunció que ha concluido la revisión de los tres proyectos de reforma al Código Penal, y ha manifestado su intención de modificar la propuesta recibida del Senado de la República, debido a la necesidad de corregir ciertos aspectos como la deportación de inmigrantes y los artículos 86 y 295 de la iniciativa.
Además, se ha decidido aplicar un año de "vacatio legis" al Código Penal, lo que significa que entrará en vigor 12 meses después de su aprobación, período durante el cual los legisladores realizarán los ajustes necesarios.
El retraso en la entrada en vigor del Código se anticipa, ya que se debe revisar los artículos mencionados anteriormente, según ha explicado el diputado Alexis Jiménez. En particular, el numeral 11 del artículo 86 se refiere a la deportación forzosa de población, que se considera una infracción de lesa humanidad y se castiga con penas de 30 a 40 años de prisión mayor. Jiménez destacó la importancia de revisar este numeral para asegurar que cumpla con los acuerdos internacionales del país.
Por otro lado, el artículo 295 se refiere a la revisión injustificada de vehículos de motor, estableciendo sanciones para los agentes policiales o militares que realicen inspecciones sin orden judicial o sin causa probable. Aquellos que infrinjan esta disposición estarán sujetos a multas de una a tres veces el salario del imputado al momento de la infracción.
En cuanto a los proyectos revisados por la comisión, se mencionan los presentados por los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez, así como el de Sadoky Duarte y Rafaela (Lila) Alburquerque. Es evidente que la legislación que salga de la Cámara debe cumplir con los estándares internacionales y respetar los derechos humanos, por lo que es necesario realizar los ajustes pertinentes para garantizar la efectividad y legalidad del nuevo Código Penal.
