El miércoles 31 de julio de 2024 en Santo Domingo Norte, República Dominicana, el Ministerio Público logró obtener tres meses de prisión preventiva para un hombre de nacionalidad haitiana involucrado en la muerte de una trabajadora sexual. La víctima fue encontrada asfixiada por compresión de cuello el pasado 15 de julio en una cabaña en el municipio. El juez Kelvys Henríquez Rodríguez impuso la medida de coerción a Juan Bernardo Núñez, también conocido como Jean Gardy Bernardo o Bernardo Núñez (a) Gardy, acusado de provocar la muerte de la mujer dominicana cuyo nombre se omite por razones de privacidad. El acusado cumplirá la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
El expediente elaborado por la fiscal investigadora, Ivette Mateo, indica que tanto el acusado como la víctima habían tenido problemas personales antes del crimen. El 15 de julio, se trasladaron a una cabaña en la localidad y horas más tarde, un empleado del lugar vio al acusado salir solo de la misma en una motocicleta. Otro empleado que posteriormente entró a la cabaña encontró el cuerpo sin vida de la mujer en la cama, lo que dio inicio a las investigaciones del caso. Durante la presentación de la medida de coerción, el fiscal litigante Waldimir Reynoso mostró pruebas que vinculan al acusado con los cargos provisionales de violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. Entre las evidencias presentadas al tribunal se encuentra un video que muestra al ciudadano haitiano saliendo solo del establecimiento.
La medida de coerción de tres meses de prisión preventiva para el acusado se basa en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que lo vinculan al crimen. La fiscal Ivette Mateo ha liderado las investigaciones y ha recopilado pruebas contundentes que apuntan a la responsabilidad del acusado en la muerte de la trabajadora sexual. El juez Kelvys Henríquez Rodríguez determinó que el acusado debe permanecer en la Penitenciaría Nacional de La Victoria mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Las autoridades continuarán investigando el caso para esclarecer los hechos y llevar a cabo un juicio justo.
La tragedia ocurrida el 15 de julio en una cabaña en Santo Domingo Norte ha conmocionado a la comunidad, especialmente a los familiares de la víctima. La asfixia por compresión de cuello que sufrió la trabajadora sexual ha despertado la indignación y la preocupación de la opinión pública. Las autoridades han tomado medidas rápidas para esclarecer el crimen y llevar al responsable ante la justicia. La muerte de la joven dominicana ha dejado una profunda huella en la sociedad y se espera que el proceso judicial garantice que se haga justicia en este caso.
El Ministerio Público continuará trabajando en la investigación para recopilar más pruebas que respalden los cargos contra el acusado. El video que muestra al acusado saliendo solo de la cabaña es una pieza clave en el caso y será fundamental durante el proceso judicial. La fiscal Ivette Mateo ha demostrado tener un sólido caso contra el acusado y se espera que el juicio revele la verdad detrás de este trágico suceso. La sociedad dominicana espera que se haga justicia en el caso de la trabajadora sexual fallecida, y que se establezcan medidas para prevenir futuros crímenes de violencia contra las mujeres.
El apoyo a la familia de la víctima y la búsqueda de justicia para la trabajadora sexual fallecida son prioridades para las autoridades y la sociedad en general. Se espera que el proceso judicial avance de manera transparente y que se respeten los derechos tanto de la víctima como del acusado. La muerte de la joven dominicana ha generado un debate sobre la seguridad de las trabajadoras sexuales y la necesidad de proteger sus derechos y garantizar su seguridad en el ejercicio de su trabajo. Las autoridades trabajarán para esclarecer completamente los hechos y garantizar que se haga justicia en este caso tan doloroso para la sociedad dominicana.
