Ayer, el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional que modifica el período de inamovilidad del Procurador General de la República, reduciéndolo a dos años en lugar de los cuatro inicialmente propuestos por el presidente Luis Abinader. Esta modificación surge a raíz de las críticas recibidas por la comunidad ante la propuesta de un período tan extenso. Se busca independizar políticamente la posición del Procurador General, incluyendo al Consejo Nacional de la Magistratura en el proceso de elección, aunque la designación seguirá siendo responsabilidad del presidente de la República.
El proyecto propone que el Procurador General de la República no haya ocupado cargos directivos en partidos políticos ni presentado aspiraciones a cargos políticos en los últimos cinco años, buscando garantizar la independencia real del Ministerio Público. Se reconoce que la figura del Procurador actualmente no es independiente del Poder Ejecutivo, ya que su designación depende únicamente del presidente, lo que se intenta cambiar con esta reforma. Además, se excluyó del proyecto la propuesta de reforma relacionada con el Consejo Superior del Ministerio Público, tras escuchar las opiniones de distintas asociaciones de fiscales que no se sentían favorecidos por dicho cambio.
Por otro lado, se mantienen los artículos que buscan unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales para el año 2032, así como la reducción de la cantidad de diputados de 190 a 137 para las elecciones del 2028. El presidente del Senado informó que se iniciará el proceso legislativo este martes, colocando el proyecto en la agenda del día para su discusión y aprobación. En caso de ser aprobado, se requerirá la convocatoria de una Asamblea Nacional Revisora para determinar su viabilidad, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada cámara y la aprobación de las dos terceras partes de los votos.
El proyecto entregado por el Poder Ejecutivo contempla cambios en 10 artículos de la Constitución, entre ellos los números 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 278. Estos cambios buscan fortalecer la independencia y la transparencia en el proceso de elección del Procurador General de la República, así como en otros aspectos relacionados con las instituciones del Estado. La sociedad dominicana estará atenta a la discusión y aprobación de esta reforma constitucional, que podría marcar un hito en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en el país.