El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra un fiscalizador del Distrito Nacional y otros 16 imputados en relación con una red que borró y alteró registros de antecedentes penales de 16,958 personas. La Operación Gavilán fue la responsable de desmantelar esta red. La acusación fue presentada por el procurador fiscal Andrés Octavio Meda Marte, la directora de Persecución del Ministerio Público Yeni Berenice Reynoso y la procuradora de Corte Sorelly Jaquez Vialet, ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En la acusación, se solicita a la jueza admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y dictar auto de apertura a juicio de fondo contra los acusados. También se pidió al tribunal mantener la medida de coerción impuesta a los imputados, así como ordenar la conservación y reserva confidencial de los datos y registros de los ciudadanos con antecedentes penales y fichas delictivas respaldados en la evidencia A3 correspondiente al Servidor de Base de Datos de la Procuraduría General de la República.
Los acusados incluyen al fiscalizador en la Fiscalía del Distrito Nacional, Luis Peña Cedeño, así como otras personas físicas y morales. Según la acusación, los miembros de la red utilizaron su posición como empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas contra los registros nacionales de procesamiento y antecedentes penales. Además, se menciona que una jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional está a cargo de las investigaciones relacionadas con fiscales vinculados a la estructura que eliminaba antecedentes penales a cambio de sobornos.
Según el Ministerio Público, los fiscales y fiscalizadores actuaban en complicidad con inspectores de la Dirección de Migración para ocultar los impedimentos de salida del sistema por un máximo de tres días, permitiendo a las personas salir del país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Uno de los fiscales investigados, Soni Adriano Rosario, ha sido suspendido de sus funciones, y se ha mencionado que también estaría vinculado un fiscal de la jurisdicción de Santiago. La operación Gavilán desmanteló esta red que alteraba los registros de antecedentes penales de manera ilegal.
En resumen, la acusación formulada por el Ministerio Público contra un fiscalizador del Distrito Nacional y otros 16 imputados se refiere a una red que borraba y alteraba registros de antecedentes penales de miles de personas. Se ha pedido al tribunal admitir la acusación y dictar auto de apertura a juicio de fondo, así como mantener las medidas cautelares impuestas a los acusados. La investigación reveló que los miembros de la red usaban su posición para cometer acciones ilícitas e incluso se implicaba a fiscales y fiscalizadores en esta práctica ilegal. La operación Gavilán ha sido clave para desmantelar esta red y llevar a los responsables ante la justicia.
