El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, anunció que el sindicato aceptó la propuesta de mediación de los expresidentes del gremio magisterial y del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, para realizar un compás de espera de 72 horas en el proceso de negociación. El Comité Ejecutivo Nacional consideró insuficiente el aumento del 8% al magisterio realizado de forma unilateral por el ministro de Educación, y continuará exigiendo el cumplimiento del acuerdo del 2021 y 2023, que incluye diversos beneficios para los docentes como aumento a los jubilados y pensionados, equipamiento de escuelas públicas, entre otros.
El sindicato también pide mejoras en el almuerzo y desayuno escolar, intervención urgente en la infraestructura de los centros educativos que carecen de servicios básicos, nombramiento de personal necesario, y la evaluación del desempeño que el ministro se había comprometido a realizar pero no cumplió. Hidalgo enfatizó que esta lucha es por la mejora de las condiciones de educación para todos los estudiantes, con el objetivo de que reciban educación en condiciones dignas al igual que en otros centros educativos del país.
Eduardo Hidalgo hizo un llamado al presidente Abinader y al ministro de Trabajo para que detengan las prácticas antidemocráticas en contra de la ADP, como el asedio por parte de organismos de seguridad del Estado y las acciones que impiden el libre derecho a la protesta del sindicato. Reveló que han tenido más de 30 sometimientos judiciales, con el local de la ADP cercado por agentes de seguridad del DNI y del J2, además de vigilancia a dirigentes y teléfonos intervenidos. La ADP está valorando acudir al Comité de Libertad Sindical de la OIT para denunciar violaciones a los derechos laborales de los maestros y maestras dominicanos.
En relación a los fallos judiciales locales que buscan impedir el derecho a la protesta, la ADP acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y este organismo ratificó que el gremio tiene derecho a la protesta. Hidalgo expresó su preocupación por la intención de judicializar el derecho a la protesta de la ADP en esta gestión, denunciando el acoso de las autoridades y la violación de derechos laborales. La ADP podría presentar una denuncia formal ante la OIT, amparados en el convenio 87 del cual la República Dominicana es signataria, si no cesan las acciones antidemocráticas en su contra.
El Comité Ejecutivo Nacional de la ADP ha optado por aceptar la mediación de los expresidentes del gremio en busca de un diálogo respetuoso que permita llegar a acuerdos en el proceso de negociación. Esperan que este proceso de mediación conlleve a la mejora del sistema educativo dominicano, garantizando condiciones dignas para la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos en el país. La lucha de la ADP se enfoca en la defensa de los derechos laborales de los maestros y en la búsqueda de mejoras significativas en el sector educativo, con el fin de lograr un ambiente educativo óptimo para todos los estudiantes.
