El Ministerio de Defensa (MIDE) firmó un acuerdo de cooperación con la sociedad comercial AURIX, S.A.S durante el gobierno de Danilo Medina, dos meses antes de que asumiera la presidencia Luis Abinader. Este acuerdo implicaba que la empresa colaboraría con entidades estatales que operan en seguridad nacional y sistemas de emergencia, manteniendo la confidencialidad de la información. El contrato fue firmado por el entonces ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, y el presidente de AURIX, José Ángel Gómez Canaán. Se destacan las responsabilidades de la empresa frente al Estado, actuando como un "contratista" para la seguridad nacional.
En el acuerdo se menciona la importancia de contar con la asistencia técnica de una empresa privada como AURIX, guiada por principios éticos y profesionales, para proteger la integridad, transparencia y desarrollo económico sostenible del país. Durante el estado de Emergencia Nacional por la pandemia de Covid-19, se estableció que AURIX proporcionaría cooperaciones en tiempo real relacionadas con pruebas rápidas a través de un sistema informático. La empresa asumió varias obligaciones, incluida la implementación de un software de servicio accesible solo de manera confidencial para ambas partes.
El Ministerio de Defensa se comprometió a coordinar los permisos y licencias necesarios para las operaciones de AURIX en el territorio nacional, así como a brindar cooperación y disponer de sus capacidades humanas, militares e investigativas según lo requerido por la empresa. El acuerdo tenía una duración inicial de dos años, renovable automáticamente, pero podía ser cancelado unilateralmente por cualquiera de las partes con un plazo de aviso de 12 meses. AURIX también estaba obligada a pagar impuestos sobre las sumas recibidas por los servicios prestados y el MIDE quedaba exento de responsabilidad laboral relacionada con la empresa.
Se estableció una cláusula de confidencialidad que obligaba a ambas partes a no revelar información confidencial obtenida durante la vigencia del contrato, incluso después de su finalización. Se prohibió la divulgación de publicaciones y declaraciones a través de medios de comunicación durante la vigencia del acuerdo. Los informes elaborados por AURIX se consideraban parte de documentos de investigación y no podían utilizarse como pruebas en procesos penales. Sin embargo, el MIDE canceló el contrato con AURIX en septiembre pasado, notificando formalmente la rescisión a la empresa mediante un acto de alguacil.
