El Ministerio Público logró ayer la homologación de dos acuerdos con criterio de oportunidad en el caso Calamar, de seis pendientes por convalidar. Entre los beneficiados se encuentran Baldemar Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Henríquez, quienes admitieron su culpabilidad a cambio de eximirlos de la acción pública, devolver bienes y actuar como delatores. En la acusación formal se les atribuye asociarse con Rafael Calderón para firmar cesiones de crédito ficticias y cobrar sobornos por los pagos de expropiaciones de terrenos del Estado en Hacienda.
Otro acuerdo similar fue homologado con Víctor Matías Encarnación Montero, exdirector de la OISOE, quien admitió haber recibido RD$35 millones de parte del contratista Fernando Crisóstomo. Aun quedan pendientes de homologárselos acuerdos con Crisóstomo, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Arturo Ureña y Belkis Antonia Tejada Ramírez. Los sucesores-querellantes se oponen a la revalidación de los acuerdos de Mimilo y Crisóstomo, exigiendo incluirse como beneficiarios, alegando que son los afectados y no el Estado dominicano.
En el caso Calamar, que involucra a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta como cabecillas, el Ministerio Público continúa avanzando en la homologación de acuerdos con criterio de oportunidad con los imputados. Estos acuerdos permiten eximir a los imputados de la acción pública a cambio de su admisión de culpabilidad, devolución de bienes y colaboración como delatores. La jueza Altagracia Ramírez también homologó un acuerdo con el imputado Víctor Matías Encarnación Montero, exdirector de la OISOE, quien reconoció haber recibido dinero de un contratista implicado en el caso.
Entre los imputados que aún esperan la homologación de sus acuerdos con el Ministerio Público en el caso Calamar se encuentran Fernando Crisóstomo, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Arturo Ureña y Belkis Antonia Tejada Ramírez. Sin embargo, los sucesores-querellantes se oponen a la revalidación de los acuerdos de Mimilo y Crisóstomo, argumentando que deberían ser incluidos como beneficiarios ya que son los afectados directos por los hechos. Este proceso de homologación de acuerdos con criterio de oportunidad es fundamental para avanzar en la justicia y esclarecer los hechos relacionados con el caso Calamar.
Los acuerdos con criterio de oportunidad son una herramienta utilizada por el Ministerio Público para agilizar la resolución de casos complejos como el de Calamar, donde se acusa a exministros y otros imputados de asociación para cometer actos de corrupción. Estos acuerdos permiten a los imputados colaborar con la justicia a cambio de beneficios como la exención de la acción pública, la devolución de bienes y la actuación como delatores. La colaboración de los imputados en estos acuerdos es crucial para obtener información clave y avanzar en la investigación de los hechos del caso Calamar.
La jueza Altagracia Ramírez, a cargo del caso Calamar, ha homologado varios acuerdos con criterio de oportunidad, permitiendo al Ministerio Público avanzar en la resolución de las acusaciones contra los imputados. Entre los beneficios de estos acuerdos se encuentra la exención de la acción pública a cambio de la admisión de culpabilidad, la devolución de bienes y la colaboración como delatores. A pesar de las controversias y oposiciones de algunos sucesores-querellantes, el proceso de homologación de acuerdos con criterio de oportunidad en el caso Calamar es fundamental para avanzar en la justicia y esclarecer los hechos de corrupción denunciados.
