Dos asociaciones de fiscales, dos exprocuradores y varios partidos de oposición han mostrado su preocupación por un proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Luis Abinader. Este proyecto busca la designación de un Procurador General Independiente y ha generado malestar por la propuesta de eliminar el artículo 174 de la Constitución, que establece el Consejo Superior del Ministerio Público. Las asociaciones de fiscales consideran que esto va en contra de la autonomía e independencia del Ministerio Público, ya que relegaría este órgano constitucional a una ley adjetiva, disminuyendo su autonomía.
Además, se ha excluido a los fiscales y a las asociaciones de fiscales del proceso de discusión de este proyecto de reforma, lo cual preocupa a estas entidades. Consideran que el proyecto de ley busca destruir la independencia y autonomía logradas en años de carrera del Ministerio Público, violando derechos adquiridos y principios constitucionales. Existe la preocupación de que se menoscabe la autonomía constitucional del órgano de gobierno del Ministerio Público.
Por otro lado, algunos sectores de la sociedad han considerado positivos algunos aspectos del proyecto de reforma constitucional. Por ejemplo, el excandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, ha favorecido la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Sin embargo, otros partidos de oposición, como Opción Democrática, consideran que es más importante que el gobierno se enfoque en reformas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. También critican la propuesta de unificar los niveles de elecciones, argumentando que esto podría causar caos y falta de garantías en el proceso de escrutinio.
En cuanto a los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, destacamos que está presidido por la procuradora general de la República, Miriam German Brito, y cuenta con otros miembros clave del Ministerio Público. Este órgano es responsable de dirigir y administrar la carrera del Ministerio Público, supervisar la administración financiera y presupuestaria de la institución, así como ejercer control disciplinario sobre los representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público.
Por otra parte, se ha destacado que las reformas institucionales representan un aspecto crucial para el desarrollo y la estabilidad de los Estados, ya que contribuyen a la eficiencia de los procesos y la prestación de servicios a la sociedad. El país ha logrado avances significativos en el ámbito de las instituciones públicas, comparado con décadas anteriores. Estos avances han permitido al Estado enfrentar los desafíos del escenario internacional y aprovechar las oportunidades que se presentan.
En resumen, existe un debate en República Dominicana sobre el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Luis Abinader, que busca la designación de un Procurador General Independiente. Mientras algunas asociaciones de fiscales y partidos de oposición expresan su preocupación por la posible pérdida de autonomía e independencia del Ministerio Público, otros sectores consideran positivos algunos aspectos de la reforma. Es importante evaluar el impacto y las implicaciones de esta reforma en el sistema judicial y en la sociedad dominicana en general.