El Ministerio de Administración Pública emitió una resolución que limita la cantidad de asesores en las instituciones públicas, estableciendo que podrán ser nombrados solo en cantidad equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales u otros cargos de alto nivel que tenga la institución. La normativa excluye a los asesores designados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. Se podrá aprobar un mayor número de asesores en casos excepcionales, siempre y cuando se justifique la necesidad del cargo para cumplir con las competencias institucionales.
La resolución firmada por el ministro Darío Castillo Lugo es de carácter obligatorio para todos los entes y órganos administrativos del Poder Ejecutivo. Las instituciones deberán presentar propuestas de modificación a la estructura de cargos para el año 2025 antes del 30 de junio de 2024, indicando el número de asesores, el funcionario de alto nivel al que reportarán y la escala salarial correspondiente. Aquellas instituciones que mantengan a más asesores de los permitidos deberán reubicarlos en cargos sustantivos o serán excluidos de las nóminas.
La Dirección General de Presupuesto solo validará los cargos de asesores para el Presupuesto General del Estado de 2025 si cumplen con los criterios establecidos en la resolución y cuentan con la aprobación del MAP. La Contraloría General de la República solo aprobará pagos de asesores a partir del 1 de enero de 2025 si cuentan con la aprobación del MAP y están incluidos en el Presupuesto General del Estado. Todos los entes y órganos del Poder Ejecutivo deben ejecutar las acciones necesarias para cumplir con estas disposiciones antes del 31 de diciembre de 2024.
Estas medidas están enmarcadas en diversas leyes como la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Función Pública y la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, entre otras normativas vigentes. Se busca garantizar la racionalidad en el uso de recursos públicos y asegurar que la designación de asesores se justifique por la necesidad de cumplir con las competencias institucionales, evitando el exceso de cargos innecesarios que puedan representar un gasto ineficiente para el Estado. La resolución busca promover la eficiencia y la transparencia en la gestión de recursos humanos en las instituciones públicas.
