El Ministerio de Administración Pública (MAP) aprobó la descentralización del cálculo de beneficios y prestaciones laborales en las instituciones del Estado a partir del 19 de octubre. Las oficinas de recursos humanos de cada entidad serán responsables de calcular y pagar los beneficios laborales de sus servidores públicos desvinculados por cualquier motivo, incluyendo fallecimiento o pensión. Los titulares de las áreas administrativas y financieras deberán garantizar que los cálculos cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, asegurando la transparencia y precisión en los pagos.
Las instituciones del Estado deberán establecer apropiaciones presupuestarias para indemnizaciones y pagos de vacaciones en casos de desvinculación, siendo responsables de la gestión financiera junto con la Contraloría General de la República. Se debe subir la información al Sistema de Reclamación Laboral (Reclasoft) con la documentación requerida, como la cédula de identidad, certificación de cargo y carta de desvinculación. La descentralización permitirá una gestión administrativa y financiera más directa, simplificando procesos y mejorando la capacidad de respuesta.
Todos los cálculos laborales realizados por las diferentes instituciones deberán ser remitidos de forma digital al MAP para registro y control. Los órganos en proceso de fusión o eliminación deben validar los cálculos con el MAP antes de proceder con los pagos. En caso de disconformidad con los cálculos de prestaciones laborales, se podrá presentar una reclamación formal dentro de 15 días ante la institución correspondiente, incluyendo documentación de soporte pertinente.
Si la disconformidad no se resuelve a nivel institucional, se podrá acudir al MAP para someter el caso ante la Comisión de Personal. La solicitud de conciliación incluirá la reclamación previa y documentación relevante, siendo el órgano regulador del empleo público el encargado de revisar y decidir sobre el caso. La descentralización de los cálculos de beneficios laborales busca agilizar la gestión administrativa y financiera, simplificando procesos y mejorando la eficiencia en la gestión de recursos humanos en las instituciones del Estado.
