El movimiento cívico Participación Ciudadana ha responsabilizado al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno de la aprobación de un polémico Código Penal que, según ellos, protege la corrupción al establecer límites a su enjuiciamiento. Además, consideran que este proyecto de ley vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías, bajo el falso argumento de querer modernizar el marco legal del país, sin importar las posibles consecuencias negativas que esto pueda acarrear.
La organización cívica ha señalado que el partido de Gobierno no puede escudarse en el carácter corporativo del Congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que, de ser aprobada, llevaría al país a una norma propia de estados teocráticos. Por este motivo, han hecho un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido y así evitar la aprobación de este Código Penal que consideran perjudicial para la sociedad dominicana.
El proyecto de Código Penal aprobado en el Senado y en primera lectura en la Cámara de Diputados establece una prescripción de 20 años para los delitos de corrupción, lo cual va en contra de la normativa constitucional y la jurisprudencia prevaleciente en el país. Según Participación Ciudadana, la corrupción se ha convertido en un problema grave en la República Dominicana, afectando la asignación de recursos públicos para la salud de la población. Por ello, consideran que este tipo de delitos deberían ser considerados como crímenes de Lesa Humanidad y, por tanto, no deberían prescribir.
La organización ha expresado su rechazo al proyecto de Código Penal aprobado por los diputados, argumentando que contiene disposiciones discriminatorias y obsoletas que no representan un estado democrático y de derecho. Además, consideran absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la normativa penal al mismo tiempo que se penaliza el aborto, sin tener en cuenta las excepciones aceptadas en la mayoría de los países, como en casos de riesgo para la vida de la madre, violación o malformaciones graves en el feto.
Por otro lado, Participación Ciudadana defiende que el Estado debe proteger la dignidad, integridad, libertad y seguridad personal de las mujeres, y consideran que es responsabilidad del Congreso Nacional sentar las bases para lograr estos objetivos. También resaltan que la legislación discriminatoria y retrógrada afecta principalmente a las mujeres más desfavorecidas, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y no pueden defenderse adecuadamente.
En conclusión, la aprobación de este proyecto de Código Penal ha generado una fuerte controversia en la sociedad dominicana, debido a sus potenciales efectos negativos en la lucha contra la corrupción y en la protección de los derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías. Participación Ciudadana ha manifestado su oposición a esta legislación, considerándola regresiva y contraria a los principios de un estado democrático y de derecho. Desde la sociedad civil y diversas organizaciones nacionales e internacionales, se ha emitido un grito de alarma ante lo que consideran un retroceso institucional en la República Dominicana.