El Gobierno Dominicano ha justificado la presencia de una cantidad considerable de asesores en las instituciones de la administración pública, argumentando que se debe a un "error burocrático" ya que en realidad ocupan posiciones de dirección dentro de dichos organismos. El vocero del Gobierno, Homero Figueroa, explicó que a pesar de ser categorizados como asesores, estas personas están en ejercicio constante y continúo, desempeñando roles de directores en sus respectivas áreas. Esta afirmación surge en medio de la revelación de que varias entidades públicas destinan millones de pesos mensuales al pago de asesores, siendo algunos funcionarios como Tony Peña, Víctor "Ito" Bisonó, Milagros Germán y Jesús "Chu" Vásquez los que más gastan en este rubro.
Recientemente, el Ministerio de Administración Pública emitió la resolución núm. 184-2024, la cual establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo pueden nombrar una cantidad máxima de asesores equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la entidad. El objetivo detrás de esta medida es racionalizar y transparentar la nómina pública, así como mejorar el gasto en línea con los planes y compromisos del Gobierno de eficientizar la gestión pública. Este tema ha generado controversia y debate en el país, especialmente tras revelarse que algunos funcionarios gastan grandes sumas en asesores.
El Ministerio de Administración Pública, a cargo de Darío Castillo Lugo, ha defendido la medida tomada en cuanto a la limitación de la cantidad de asesores en las instituciones del Poder Ejecutivo. Se busca con esto optimizar el gasto público y garantizar la transparencia en la asignación de recursos, en concordancia con las políticas del Gobierno de mejorar la gestión administrativa y eficientizar el aparato estatal. A pesar de la justificación del Gobierno sobre la presencia de these funcionarios en roles de dirección, la atención sigue centrada en el gasto destinado a los asesores y en la necesidad de asegurar que estos recursos se utilicen de forma adecuada dentro de la administración pública.
En medio de este debate, se ha puesto en duda la eficacia y la verdadera función de los asesores en las instituciones públicas, cuestionando si en realidad están aportando valor a la gestión administrativa o si simplemente aumentan los costos sin beneficio tangible. La controversia ha llevado a una mayor demanda de transparencia y rendición de cuentas en cuanto al gasto público y a la necesidad de garantizar que los recursos se utilicen de forma eficiente en beneficio de la sociedad. El Gobierno Dominicano se enfrenta al desafío de demostrar que la presencia de asesores en las instituciones públicas cumple con un propósito claro y beneficioso, evitando críticas y cuestionamientos sobre el uso de recursos en el país.
