El Ministerio Público presentó una solicitud de medidas coercitivas contra varias personas acusadas de pertenecer a estructuras de crimen organizado, quienes fueron detenidas durante la Fase II de la Operación Caimán en varias provincias del sur y Santo Domingo Este. Se pide prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado de complejidad. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de los implicados.
La Operación Caimán involucró más de treinta y ocho allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, con la participación de 481 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, así como más de 40 fiscales. Se montó un centro de operaciones estratégico en el sur con tecnología de punta para combatir el crimen organizado transnacional. La exhaustiva investigación ha permitido desarticular las estructuras impactadas y realizar importantes decomisos desde enero de 2023, cuando comenzó la Fase I de la operación.
Durante la operación se utilizaron cuatro aeronaves para ubicaciones y despliegues especiales en lugares de difícil acceso y cuatro embarcaciones para asegurar el litoral costero marino de Barahona y Pedernales. También se ocuparon armas, dinero y otras evidencias que se darán a conocer más adelante. El Ministerio Público señaló que las medidas tomadas han sido gracias a la implementación de modernas técnicas de investigación.
Las autoridades no han dado a conocer la identidad de los individuos implicados en la Operación Caimán, ni han revelado detalles sobre las estructuras de crimen organizado desarticuladas. Se espera que se imponga la prisión preventiva a los imputados y que se declare el caso como complejo. La investigación exhaustiva y el despliegue de las fuerzas de seguridad han permitido obtener importantes resultados en la desarticulación de estas estructuras del crimen organizado.
El Ministerio Público ha destacado que la Operación Caimán ha sido un éxito gracias a la colaboración entre diversas agencias de seguridad y la implementación de tecnología de punta en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Se han realizado importantes decomisos y despliegues especiales con aeronaves y embarcaciones para asegurar el cumplimiento de la ley en zonas de difícil acceso. El trabajo conjunto ha permitido desarticular estas estructuras del crimen organizado y continuar con la lucha contra este flagelo en el país.
