México solicitó la suspensión de Ecuador de la ONU el 11 de abril debido al asalto a su embajada en Quito. Ecuador enfrenta condenas internacionales y sanciones, con presión aumentando en diversos ámbitos. La politóloga ecuatoriana Valeria Argüello señala que el proceso en la CIJ podría llevar mucho tiempo y que también se están discutiendo medidas en otros foros como Mercosur y CELAC. La OEA aprobó una resolución condenando el asalto a la embajada mexicana en Quito, siendo este un caso sin precedentes en la región.
Existen múltiples sanciones que podrían ser tomadas contra Ecuador, incluyendo la pérdida de relaciones diplomáticas y posibles repercusiones en términos de visas, estudiantes y comercio. La politóloga Valeria Argüello señala que es probable que Ecuador reciba sanciones judiciales en instancias como la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que resultaría en una sentencia financiera de monto desconocido. Las sanciones que México podría aplicar de manera unilateral incluyen la ruptura de relaciones diplomáticas, afectando a los ecuatorianos que residen en México.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con rapidez. A pesar de la situación complicada para Ecuador, es difícil prever las sanciones concretas que enfrentará. La politóloga Valeria Argüello destaca la gravedad de la violación de la inmunidad diplomática y la dignidad del funcionario mexicano en la embajada asaltada, señalando que este caso es único en la región. La resolución de la CIJ podría demorarse entre cuatro y ocho meses, mientras México continúa presionando por la protección de sus derechos internacionales.
En medio de la condena internacional a Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, el país sudamericano enfrenta múltiples desafíos diplomáticos y legales. La presión se intensifica en diversos foros internacionales, con México liderando la solicitud de suspensión de Ecuador de la ONU ante la CIJ. La politóloga Valeria Argüello destaca la posibilidad de sanciones judiciales en instancias como la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como posibles consecuencias unilaterales por parte de México. La situación actual plantea un escenario incierto para Ecuador, con el presidente López Obrador esperando una pronta respuesta de la CIJ.