El representante del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó que hay evidencia "irrefutable" que respalda la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Nichols declaró que las actas de votación muestran claramente que el político opositor derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos de ventaja, y señaló esto ante el Consejo Permanente de la OEA.
Estados Unidos expresó que su paciencia se está agotando al esperar que las autoridades de Venezuela publiquen las actas de votación que respaldan la victoria proclamada de Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió que la comunidad internacional también está perdiendo la paciencia y exigió a las autoridades electorales venezolanas que sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados de la elección para que todos puedan ver los resultados.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que ordene el arresto del presidente Maduro, a quien acusó de cometer un "baño de sangre" contra los manifestantes. Maduro, por su parte, alegó que el informe del Centro Carter ya estaba escrito hace un mes y que le faltaba un toque adicional tras la publicación de un primer boletín parcial por parte de las autoridades electorales.
En medio de la disputa postelectoral en Venezuela, se ha generado tensión entre las autoridades del país sudamericano y Estados Unidos, con acusaciones de fraude electoral y violaciones de los derechos humanos. La comunidad internacional observa con atención la situación política en Venezuela, donde la falta de transparencia en el proceso electoral ha generado desconfianza y división entre los ciudadanos y la comunidad internacional.
La solicitud de arresto de Maduro por parte de la OEA ante la CPI marca un nuevo capítulo en la crisis política venezolana, con acusaciones de represión violenta contra manifestantes y falta de legitimidad en los resultados electorales. La presión internacional sobre el gobierno de Maduro aumenta, mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela y la posibilidad de una transición pacífica y democrática.
En este contexto de tensiones y acusaciones mutuas, Venezuela se encuentra en una encrucijada política y social, con un futuro incierto y la perspectiva de enfrentar sanciones internacionales y mayores presiones diplomáticas. La exigencia de transparencia en el proceso electoral y el respeto a los derechos humanos se convierten en temas prioritarios para la comunidad internacional, que busca una solución pacífica y democrática para la crisis en Venezuela.