El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana ha emitido una decisión en relación al conflicto en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). En respuesta a un recurso de revisión presentado por el gremio de abogados, el TC declaró la incompetencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) en este asunto, y favoreció a Trajano Vidal Potentini como presidente del CARD. La sentencia TC/0164/24 fue aprobada en una sesión del Pleno el 27 de junio.
La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la competencia del Tribunal Superior Electoral en el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana es significativa en términos de la organización y funcionamiento de estas instituciones. Esta decisión supone un cambio en la resolución de conflictos internos dentro del gremio de abogados y establece un precedente importante para futuros casos similares. La sentencia TC/0164/24 establece un marco legal claro para resolver disputas dentro de organizaciones profesionales en la República Dominicana.
La resolución del Tribunal Constitucional a favor de Trajano Vidal Potentini como presidente del CARD marca un hito en este conflicto interno y se espera que siente las bases para una mayor estabilidad y unidad dentro del gremio de abogados. Con esta decisión, se espera que se restablezca el orden y la legalidad en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y que se pueda continuar con sus funciones de forma eficiente y efectiva. La sentencia del TC representa un paso importante hacia la resolución de este conflicto y el restablecimiento de la normalidad en la institución.
En última instancia, la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la competencia del Tribunal Superior Electoral inconstitucional en el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana es un recordatorio de la importancia del debido proceso y del respeto a la legalidad en la resolución de conflictos. Esta sentencia destaca la necesidad de seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y respetar las decisiones de las instancias judiciales competentes. En un país con un sistema judicial independiente y un Estado de derecho sólido, es fundamental cumplir con las resoluciones de los tribunales y garantizar la imparcialidad y la transparencia en todos los procesos legales.